Nuevos tiempos para el seguro de caución
El pasado 14 de marzo de 2020 vivimos un momento histórico en nuestras vidas, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, se decretaba el estado de alarma. Era el inicio de una situación que iba a afectar a la economía española, ligada a una situación sanitaria crítica e inimaginable en este siglo XXI.
Se produjo la paralización momentánea de licitaciones, concursos y contratos públicos no relacionados con actividades esenciales. Esta situación tuvo consecuencias en todos los niveles de la economía española.
Centrándonos en como ha afectado esta situación al seguro de caución, caben destacar muchos aspectos a considerar que han marcado un antes y un después en el mercado. Teniendo en cuenta que tanto el COVID-19, como la decisión de la CNMC de cortar la burbuja de las renovables, han marcado un antes y un después en el mercado de caución en 2020 y 2021.
En primer lugar, centrándonos en la contratación de seguros relacionados con la Administración Pública, podemos ver una desaceleración de la contratación del seguro de caución. En 2019, el crecimiento anual de contratación de primas de seguros de caución llegaba hasta el 44,04%, con respecto al ejercicio anterior, y en 2020, se registró un leve crecimiento del número de primas contratadas que alcanzó el 11,10%; según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones).
El motivo de este descenso en la contratación, está derivado porque la licitación de contratos con la Administración Pública, conlleva ciertos requisitos de garantía que no siempre son necesarios cuando los contratos se cierran entre compañías del ámbito privado, aunque también son frecuentes.
En el mes de mayo se recuperó la actividad de contratación, el ritmo concursal y de licitación. Pero esto se ha demorado debido a las sucesivas oleadas y a la incertidumbre generada por una situación tan excepcional. Sí podemos afirmar que la pandemia tuvo un claro reflejo en el descenso de este ramo.
En segundo lugar, la decisión de la CNMC de paralizar el “boom” de solicitudes de acceso y conexión a red, supuso un impasse en la emisión de garantías para las empresas de este sector. La CNMC lo reguló a base de un nuevo RD y una moratoria condicionada a la imposición de la consecución de unos requisitos de hitos a conseguir para evitar la “desprofesionalización” del sector.
Se produjo tal avalancha de solicitudes, que REE tuvo que reforzar sus equipos para poder atender a las mismas. El embudo se estrechó.
Por tanto, con el objetivo puesto en poner las miras hacia un horizonte positivo, es más que relevante destacar algunos aspectos que han supuesto una nueva era en este sector.
DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL
Si antes de esta situación, uno de los principales temas pendientes del seguro era la digitalización. La situación sanitaria, cierre de los registros y el teletrabajo, han obligado a la Administración Central, Comunidades Autónomas, compañías aseguradoras y mediadores de seguros, a reinventar las formas de trabajar y utilizar las herramientas tecnológicas que se usaban hasta el momento solamente de forma puntual.
Las herramientas que han cobrado mayor relevancia son las firmas electrónicas y los certificados digitales. La formalización de contratos de forma electrónica, supone disponer de un proceso más seguro y eficiente, evitando falsedad documental.
De hecho, se produjo fue la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto, donde se generaliza la gestión digital de los depósitos y garantías, estableciendo la obligatoriedad de utilizar medios telemáticos, agilizando los plazos y garantizando la máxima seguridad.
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA CAUCIÓN
Por último, es muy importante comentar la relevancia que toma la emisión de diferentes tipos de garantías para poder cubrir un nicho de mercado que existía, pero no jugaba un papel dominante hasta ahora.
Nos centramos en la emisión de garantías derivadas por el aplazamiento del pago de impuestos ante la AEAT (IVA e IS) para importes superiores a 30.000 €, deudas a la Seguridad Social (seguros sociales) y garantías judiciales; donde su finalidad no es otra que garantizar que, en caso de que la sentencia vuelva a ser desfavorable, sea posible atender a la parte contraria.
Finalmente, es importante destacar que desde RASHER tenemos puestas las miras hacia un futuro muy positivo, donde el sector va a crecer y podremos ofrecer alternativas beneficiosas para las necesidades de nuestros clientes.
Álvaro Medina
Departamento de Caución, RASHER Asesoramiento SL.